Bienvenido al blog jurídico Viltis, en esta ocasión hablaremos sobre un tema de gran relevancia en el ámbito español: la nulidad y anulabilidad de la ley 39/2015.

Esta ley, también conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Común, fue aprobada en octubre de 2015 y ha generado diversas controversias en el mundo jurídico. Por ello, en este artículo analizaremos en qué consisten la nulidad y anulabilidad y cómo se aplican en el contexto de esta ley.

¿Qué es la nulidad y anulabilidad?

La nulidad y anulabilidad son dos figuras jurídicas que se utilizan para impugnar actos administrativos que no se ajustan a la legalidad. Sin embargo, es importante destacar que existen diferencias entre ambas.

La nulidad se refiere a un acto administrativo que es contrario al ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no produce ningún efecto. Es decir, se considera que el acto nunca existió y, por lo tanto, no puede ser convalidado o subsanado.

Por otro lado, la anulabilidad se refiere a un acto administrativo que es válido en principio, pero que adolece de algún vicio o defecto que lo hace susceptible de ser anulado. En este caso, el acto sí produce efectos hasta que sea anulado por la autoridad competente.

Aplicación en la ley 39/2015

La ley 39/2015 ha generado controversias en cuanto a la nulidad y anulabilidad de sus disposiciones. En primer lugar, cabe destacar que esta ley ha sido objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad, lo que demuestra la existencia de posibles vicios en su contenido.

Además, se ha cuestionado la validez de algunos de sus procedimientos, como el procedimiento sancionador, que ha sido considerado nulo por algunos tribunales debido a su falta de garantías para los ciudadanos.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la ley 39/2015 ha sido objeto de numerosas modificaciones desde su aprobación, lo que podría generar dudas sobre su validez y su adecuación al ordenamiento jurídico.

Conclusión

En conclusión, la nulidad y anulabilidad son dos figuras jurídicas fundamentales para impugnar actos administrativos que no se ajustan a la legalidad. En el contexto de la ley 39/2015, es importante estar atentos a posibles vicios y modificaciones que puedan afectar su validez y, en caso de duda, recurrir a la autoridad competente para impugnar dichos actos.

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