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En esta ocasión, abordaremos el delito de revelación de secretos por parte de un funcionario público. Este delito está contemplado en el Código Penal español y se encuentra tipificado en el artículo 417.1, donde se establece que «el funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, revelare secretos de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».

Este delito se considera una violación grave de la confidencialidad y la privacidad, ya que un funcionario público tiene acceso a información privilegiada y confidencial en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, su deber es mantener esa información en secreto y no divulgarla a terceros sin autorización legal.

¿Qué se considera como revelación de secretos por parte de un funcionario público?

La revelación de secretos por parte de un funcionario público se refiere a la divulgación de información confidencial a la que ha tenido acceso en el desempeño de su cargo, sin que exista una autorización legal para hacerlo. Esto incluye tanto la información que ha sido confiada directamente al funcionario, como aquella a la que ha tenido acceso por su posición en la administración pública.

¿Cuáles son las circunstancias agravantes de este delito?

Además de la revelación de secretos por parte de un funcionario público, existen circunstancias agravantes que pueden aumentar la gravedad del delito y, por lo tanto, la pena a imponer. Estas circunstancias incluyen la divulgación de secretos de Estado, la revelación de secretos que puedan poner en peligro la seguridad nacional, la divulgación de secretos para obtener un beneficio económico o la divulgación de secretos de personas jurídicas.

Es importante destacar que este delito no solo se aplica a funcionarios públicos en sentido estricto, sino que también puede ser cometido por cualquier persona que tenga acceso a información confidencial debido a su relación con la administración pública, como por ejemplo, un contratista o proveedor de servicios.

En conclusión, la revelación de secretos por parte de un funcionario público es un delito grave que atenta contra la confidencialidad y la privacidad de la información. Es importante que los funcionarios públicos sean conscientes de su deber de mantener en secreto la información a la que tienen acceso en el ejercicio de sus funciones y que cualquier divulgación sin autorización legal puede tener graves consecuencias legales.

Si tienes alguna duda sobre este delito o cualquier otro tema jurídico, no dudes en dejarnos un comentario. En Viltis estamos comprometidos con brindar información precisa y actualizada para que puedas estar al tanto de tus derechos y deberes en el sistema legal español. ¡Hasta la próxima!